Desde su adhesión, en 1978, a la Convención de Ginebra de 1951, España reconoce el derecho de asilo en su territorio. El artículo 13.4 de la Constitución Española contempla este derecho, en favor de las personas que ostentan la condición de refugiados.
La Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, es el instrumento que establece el marco normativo para la concesión del derecho de asilo en España.
En ocasiones, las peticiones de asilo no se saldan con un resultado afirmativo, y surge la duda en los ciudadanos solicitantes acerca de cuáles son los efectos que tiene una resolución de esta naturaleza.
A continuación, vamos a analizar cuáles son sus consecuencias y las alternativas con las que cuentan los solicitantes para revertir el sentido de una resolución denegatoria.
